La Hora
La Fundación Pachamama anunció ayer que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, su disolución, decretada el 4 de diciembre por las autoridades de Ecuador por supuestos actos vandálicos, que la entidad niega.
La organización no gubernamental dijo en un comunicado que su presidenta, Ana Belén Páez, y su director, Juan Auz, intervendrán el 28 de marzo en una audiencia temática titulada ‘Situación del derecho a la libertad de asociación y defensores de la naturaleza en el Ecuador’.
Fundación Pachamama fue clausurada tras unos incidentes ocurridos el 28 de noviembre pasado, cuando activistas ecologistas e indígenas contrarios a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas, según el Ministerio del Interior.
La justicia abrió en enero una indagación a diez líderes indígenas por el supuesto delito de «amenaza» en relación con los citados incidentes, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La Fundación cerrada agregó que los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentarán «información clave» ante la CIDH sobre la disolución de la Fundación.
También hablarán acerca de «las violaciones al derecho a la libertad de asociación y a las condiciones de trabajo de los defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, a partir de la aplicación del Decreto Ejecutivo 16» que, según la entidad, fue utilizado para justificar su cierre.
Los activistas, que califican de «controvertida» la disolución de Pachamama, aseguran que su clausura se produjo «sin previa notificación, sin debido proceso, en base a acusaciones no comprobadas y sin otorgar el derecho a la defensa».
La Fundación, que se define como independiente y sin vínculos partidistas, reiteró hoy que «ninguno de sus integrantes participó de hechos violentos» el 28 de noviembre.
El cierre de la Fundación Pachamama desencadenó protestas de organizaciones y de más de un centenar de entidades de Derechos Humanos locales e internacionales que, en una carta de solidaridad, exigieron al Gobierno, en diciembre, su reapertura.
