El Telégrafo
Los ocupantes del predio, ubicado al norte de Machala, dijeron que hay un decreto que no reconoce los asentamientos desde 2010, pero como ellos están a partir de 2009 tienen derecho a quedarse en el lugar.
Tres dirigentes de la precooperativa Tierra Bendita fueron capturados ayer durante un operativo de desalojo de invasores de terrenos en Machala.
Al menos 150 familias estaban asentadas ilegalmente en un predio de 5 hectáreas de la Universidad Técnica de Machala (Utmach).
Las personas sacaron sus enseres antes de la demolición de las viviendas.
Unos 240 policías y militares participaron del operativo que fue encabezado por Julio César Quiñónez, secretario técnico del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, y el gobernador de El Oro, Carlos Zambrano.
Ambos pidieron a los moradores que sacaran sus artefactos voluntariamente. Argumentaron que desde hace más de dos años se les había notificado para que desalojaran el sector.
El dirigente John Jairo Espinoza, quien fue uno de los detenidos, está acusado de estafa y de cobrar una cuota mensual a las familias.
El fiscal Richard Bonoso hizo efectiva la orden de apremio que pesaba en contra del sujeto.
«El señor está acusado de estafa. Quería vender falsas esperanzas a las familias que habitan aquí. Supuestamente él iba a construir una urbanización y mostraba catálogos de casas modelos, sin tener legalizados los terrenos», aseguró la autoridad.
En el momento de la captura de Espinoza y dos personas más se produjeron desmanes, pues los habitantes intentaron liberarlos de la Policía.
Quiñónez dijo que es inaudito que haya invasiones en pleno centro de la ciudad de Machala.
«Esta acción es por el bien de las personas que viven aquí. El Gobierno se ha comprometido en ayudarlos con programas de vivienda, pero legalmente», expresó.
Si bien se dieron leves incidentes, la mayoría de las familias salió voluntariamente de sus casas.
Ellos expresaron su angustia y desesperación porque no tienen donde vivir en los próximos días.
«La típica de todos los dirigentes es que su casa está bien construida, para ofrecerle como modelo a los otros moradores», aseveró Quiñónez.
Las familias indicaron que se encuentran desde agosto de 2009 en la zona y que no podían ser desalojados.
«Hay un decreto que indica que todos los asentamientos que existen desde 2010 serán desalojados, por lo tanto con nosotros se está cometiendo una injusticia», aseguró Espinoza.
Quiñónez manifestó que desde la Gobernación de El Oro ya se han hecho varias notificaciones a los supuestos invasores, sin embargo no las han acatado.
«Estamos procediendo conforme a lo que dispone la ley», aseveró.
La mayoría de las casas del sector estaba construida con cañas y palos, pero también hay algunas de cemento.
Jairo Espinoza, posesionario de uno de los predios y que ha levantado su vivienda con bloques y cemento, manifestó que lleva allí cerca de cuatro años.
Funcionarios de la Empresa Eléctrica de Machala también participaron del operativo.
«Por varios años han estado robando energía estas personas. Eso es un delito que tendrá que investigarse y cuantificarse», indicó un representante de la institución proveedora del servicio.
Presentan un amparo
Los dirigentes presentaron un recurso de amparo constitucional, con el fin de detener el desalojo.
Solicitaron que se suspenda la medida hasta que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por Richard Calderón, analice el caso.
Sin embargo, la Secretaría Técnica no dio marcha atrás y cumplió la disposición que tenía ya una resolución de hace más de dos años.
«El documento que muestran solo fue presentado a una autoridad y nada más. No tiene validez, pues no ha sido calificado», dijo Quiñónez.
Ayer, los adultos que viven en la precooperativa no fueron a trabajar. Los niños no asistieron a las escuelas y todos aguardaron a que llegaran las autoridades para indicarles que hay un amparo que los protege.
