Hoy
María Paula Romo afirma que con ello se violaría la Constitución.
El Ministro de Educación ratificó que se cumplirá con el anuncio del presidente Correa de tomar acciones contra quienes se sumen a las marchas para que no se explote el ITT.
Los estudiantes de los colegios de la Sierra y la Amazonía que salgan a protestar en contra de la explotación del ITT podrían perder sus cupos para estudiar en un plantel público.
La advertencia fue lanzada por el presidente Rafael Correa durante su enlace ciudadano 337 desde Atucucho, en Pichincha. «Padres de familia mucho cuidado, ya tenemos circulares del MPD para tener una víctima en manifestaciones».
Según Correa, en esos documentos se pide llevar palos largos a las manifestaciones para usarlos como tacos de billar y huevos para arrojarlos a los parabrisas de los vehículos policiales.
El director nacional del MPD, Luis Villacís, rechazó las aseveraciones y agregó que se trata de la campaña «sucia» que el Gobierno ha emprendido en contra de quienes están en contra de que se explote el ITT.
«Nosotros no estamos detrás de esos panfletos que se hicieron públicos en las redes sociales. Eso es obra de la Secretaría Nacional de Comunicación».
Agregó que la amenaza presidencial en contra de los alumnos es inconstitucional. «Nadie puede quitarle el derecho a estudiar a la juventud».
Con ello concuerda María Paula Romo, militante de Ruptura de los 25, quien asegura que la declaración del presidente es inaceptable. «El acceder a la educación pública es un derecho. No se puede restringir ni por filiación política ni por coincidir o no con una tesis del Presidente». Agregó que, en la Constitución, no hay forma de perder el cupo para entrar a la educación pública. «A nadie se le puede negar su derecho a la educación y peor todavía usar la posibilidad de ejercer ese derecho como un chantaje para que no se exprese alguien políticamente en relación a un tema de interés».
Por eso ellos tienen previsto enviar hoy una carta al Consejo de la Niñez y la Adolescencia solicitándo que se pronuncie sobre la declaración del Presidente.
El ministro de Educación, Augusto Espinosa, ratificó que el anuncio presidencial se cumplirá. «No vamos a permitir eso. Hay estudiantes protestando y esas personas se esconden tras ellos. Así que serán sancionados y se les retirará el cupo para cualquier establecimiento público».
Para este jueves está prevista otra marcha y velada por el Yasuní, a las 17:30, que partirá del Ministerio de Agricultura. (PAO)
La Confenaie, al frente de la defensa del Yasuní
Los dirigentes indígenas de la Confenaie se pronunciaron en contra de la explotación del ITT durante su XIV Congreso.
Seiscientos quince parlamentarios, de 21 organizaciones y federaciones amazónicas, y 11 presidentes de las nacionalidades llegaron al acuerdo de ponerse al frente de la defensa del Yasuní. Quieren que se respeten los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
Milton Calleras, presidente del Parlamento y del Congreso, dijo que exigirán al Gobierno que realice una consulta popular. «El Yasuní es un tema que interesa a la Amazonía y al Ecuador».
Franco Viteri, delegado del Pueblo Sarayacu advirtió que sancionarán «a los compañeros que sean oportunistas ante los gobiernos de turno. (PAO)
Lista la hoja de ruta en la Asamblea
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga, indicó ayer que ya se ha definido la ruta de trabajo para analizar la propuesta presidencial de explotar los bloques 31 y 43.
La primera parte implica que en el transcurso de esta semana su comisión y las otras cuatro que prepararán informes complementarios, recibirán a altas autoridades del Estado, como ministros y expertos en la materia, a fin que se pueda juntar todos los elementos de juicio necesarios para elaborar un informe para el debate en el Pleno.
Esta semana se recibirá a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), para organizar toda la información relevante sobre los asuntos que son materia de la petición del Presidente.
Luego se receptarán los criterios de actores sociales y ciudadanos, de acuerdo al cronograma de sesiones de cada Comisión. (PAO)
