La Hora
Luego de reunirse con sus sabios por más de siete horas, la dirigencia y las bases de la Ecuarunari, resolvieron convocar a un proceso de movilización contra el Gobierno de Rafael Correa.
En el encuentro, que se realizó en la sede de la Ecuarunari, en el sector de El Dorado, en el centro de Quito, se desechó la posibilidad de hablar con el Régimen. «Las organizaciones deben hacer un alto a esto del diálogo porque nunca hubo un pedido oficial (del Gobierno)», dijo la asambleista Lourdes Tibán (PK).
La movilización, que según Carlos Pérez Guartembel sería en un mes, la justificaron refiriéndose a temas como la criminalización de la protesta social, la minería a gran escala, educación intercultural y leyes como las de Agua y de Minería.
Estos temas, además, se debatirán en un evento internacional que planean convocar próximamente y al que se espera asista el presidente boliviano, Evo Morales, Eduardo Galeano y el brasileño Buenaventura de Sousa.
Humberto Cholango, presidente de la Conaie, de su parte, exigió al Presidente que pare los insultos en contra de los dirigentes indígenas y que suspenda las sentencias y acusaciones de terrorismo.
Entretelones
Antes de que se instale la asamblea, los expresidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Luis Macas y José María Cabascango, señalaron que tanto la dirigencia como las bases del movimiento indígena deben mantenerse al margen del Gobierno que, según Cabascango, «intenta cooptar a dirigentes y debilitar a la dirigencia».
Ambos líderes aclararon que para que haya un acercamiento, el Régimen debería demostrar la voluntad política de dialogar sobre temas que afectan los intereses de los pueblos y las nacionalidades.
«Todos los gobiernos son de turno, las organizaciones son históricas y estamos obligados a permanecer en las buenas y en las malas y a fortalecer el estado plurinacional y buscar el buen vivir para las comunidades», insistió Cabascango.
El papel de los asesores
° El Consejo Político Asesor que también se conformó para esta cita «ayudó a pensar al movimiento en esta coyuntura difícil», dijo el economista Pablo Dávalos, quien reconoció que desde 2007 el Gobierno ha intentado «de alguna manera interferir» tratando de privatizar las tierras comunales en beneficio de industrias mineras, petroleras y agronegocios.
Su rol en la Asamblea fue aclarar el panorama económico actual. Expuso que las rentas extractivas mineras o petroleras no financian el presupuesto general del Estado. «Esa es una mentira del Gobierno», dijo al señalar que el artículo 286 de la Constitución impide que esos recursos sean utilizados para el desarrollo nacional.
El Dato
El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, no asistió al encuentro.
