Hoy
Los exportadores confían en que el reglamento recoja sus observaciones.
El Legislativo tiene 30 días para tramitar la Ley. Las Preferencias Arancelarias vencen el próximo 31 de julio.
El proyecto de Ley para compensar a los exportadores por la pérdida de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) llegó a la Asamblea. El documento se denomina Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo y tiene carácter urgente. Su objetivo es reformar la actual Ley de Abono Tributario para agilitar la emisión de Certificados de Abono Tributario (CAT).
El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) otorgará los CAT en un máximo de cinco días después de que los exportadores presenten la documentación necesaria. Servirán para cancelar cualquier obligación fiscal o las contraídas con instituciones del sistema financiero público. Se exceptúan las tasas por servicios prestados, regalías y otras contribuciones.
El Ministerio de Comercio Exterior regirá el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario (Calat). Su función será elaborar la nómina de productos que podrán acceder al beneficio fiscal, establecer el período por el cual se aplicarán, fijar los porcentajes y el monto máximo anual del Presupuesto del Estado que será destinado para los CAT.
Las exportaciones que se realizan con intermediación de agentes comerciales, terceras empresas o personas radicadas en paraísos fiscales no podrán acceder a los Certificados Tributarios.
Solo podrán beneficiarse los exportadores que sufran una desmejora de sus productos, ya sea por cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, que en este caso serían las de Estados Unidos.
El sector exportador está preocupado por la redacción del documento. Hay artículos, como el 6 y el 7, que dejan abierta la posibilidad de que algunos productos queden afuera de los beneficios.
Por esta razón esperan que el reglamento recoja sus preocupaciones y sus criterios para que el CAT se aplique de acuerdo a sus necesidades.
Javier Díaz, presidente de los Industriales Textiles, dijo que hay aspectos positivos como el plazo de cinco días que tiene el Senae para emitir el Certificado y que estos servirán para pagar impuestos u obligaciones contraídas en el sistema financiero público.
Sin embargo, su incertidumbre pasa por las decisiones que tomará el Calat en torno a la nómina de productos que ingresarán en la lista de beneficiarios, pues no se sabe qué criterios se aplicarán. Tampoco se sabe cuál será el monto que se asignará para cubrir los CAT y el período que durará la medida. Además no se conoce si tendrá efecto retroactivo si la medida entra en vigencia después del 31 de julio, cuando vencen las Preferencias Arancelarias. Otro punto que deja dudas es lo relacionado al artículo 7 que dice: «Los abonos tributarios se concederán a los exportadores cuyo nivel de acceso a un determinado mercado haya sufrido una desmejora, ya sea por cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales».
Díaz no sabe cómo se valorará la palabra «desventaja». Cree que algunos productos pueden quedar fuera de los CAT.
Alfredo Zeller, exportador de brócoli, dijo que muchos temas quedan para analizarlos en el Reglamento. Su intención es mantener una reunión, entre los exportadores, para analizar los vacíos que deja el proyecto. Sin embargo, ya tiene dos propuestas. La una es que los CAT sean negociados en la bolsa y la segunda que tenga efecto retroactivo desde el 1° agosto.
Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, concordó con Zeller en que el CAT debe ser con efecto retroactivo. Además señaló que no se deben solicitar demasiados requisitos para que la emisión sea ágil. Los exportadores están a la espera del Reglamento.
