El Telégrafo
Una propuesta tratará de endurecer el castigo a promotores de las invasiones.
Medidas contra los estafadores para que devuelvan los dineros por la venta de terrenos ilegales y la restricción para evitar que salgan del país son las acciones que emprenderá, en una nueva etapa, la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.
¿Por qué se creó la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) recién hace un año?
Este Gobierno ha puesto el dedo en la llaga en muchos problemas. Revolucionar el desarrollo urbano y el concepto del buen vivir; rescatar los asentamientos irregulares y volverlos regulares a través de los servicios básicos y de toda la infraestructura, pero eso amerita de una política pública de prevención. Lo importante es que se lo hace ahora. Antes había el control de los ministerios.
¿Muchos traficantes de tierra estaban relacionados al Partido Social Cristiano (PSC)?
No me atrevería a decir que todos, habría que ver la militancia política, pero especialistas salieron del PSC.
¿Se realizan los operativos y se siguen los trámites de investigación, pero no se ve a muchos presos?
Yo diría que no es así. 19, de 36 procesados, están con prisión preventiva. La mayoría está detenida. Estarán en esa situación 90 días hasta que se inicie el juicio y comparezcan. La sanción puede ser hasta de 5 años. Pero no me parece que ese sea el castigo. El que fraccionó y estafó a muchas personas debería tener una sanción de otra dimensión: 25 años, la pena máxima. Con las categorías punitivas con las que se castiga al traficante de droga. Incluso, para poder activar los juicios reparatorios, porque hacia allá vamos y para que se devuelva el dinero a la gente (estafada).
¿Cómo se hará para que devuelvan el dinero?
A través de los juicios, la ley nos faculta. La Stpahi tiene una instancia clave, esencial que es la parte jurídica de judicialización… (para devolver el dinero) hay que apelar a lo que la ley nos permite.
¿El marco legal actual lo permite?
Con sus problemas lo vamos a hacer. Era difícil sentenciar a dueños de predios, por fraccionamiento ilegal, pero ya tenemos a tres.
¿Han hecho una propuesta para que se endurezcan las sanciones?
Estamos preparando un documento con los ministerios que forman el comité, para que lo evalúen y así presentar una modificación o reformas al Código Penal. Como parte del Poder Ejecutivo tenemos que pasar por el proceso que amerite y presentarlo a la Asamblea.
¿Por qué no se embargan los bienes de los traficantes?
Esa es la etapa que viene. Se piden todas las medidas de embargo, prohibición de salidas del país, son todas las etapas que se activarán dentro del proceso.
Esas personas, seguramente, no tienen los bienes a sus nombres, entonces ¿cómo harán?
Hay que investigar. Mire que en el nuevo Código debería de aprobarse la figura del enriquecimiento ilícito privado. Hay que investigar, no perder la esperanza y trabajar.
¿Por qué la gente invade más en Guayaquil?
Por los tipos de administraciones socialcristianas, de derecha, que fueron condescendientes. En más capitales han aparecido las invasiones, porque las consideran polos de desarrollo. Aunque ahora, en Guayaquil, son movimientos locales, gente de Bastión, de la Trinitaria, del Guasmo que van a Monte Sinaí. Cuando se van, no regresan al campo, sino que se quedan en la ciudad.
¿Cuál es el nivel de conflictividad de las invasiones en el cantón?
No es un tema de ir y desalojar, hay un tema social arraigado desde hace tiempo, una utilización política. Ellos son los clientes cercanos en las candidaturas para alcaldes. Casi siempre a la antesala de una elección para la Alcaldía empiezan procesos de legalización y de titularización de tierras. Antes no se acordaban.
Los principales barrios de Guayaquil, históricamente, se formaron a partir de invasiones. ¿No es una utopía frenarlas?
No lo es. Es una realidad, la estamos haciendo, tenemos toda la infraestructura estatal para poder hacerlo.
¿Pero las invasiones se formaron porque no había una oferta de vivienda?
Ahora la hay. Este Gobierno ha hecho 7,3 más viviendas que otros. Hay planes habitacionales… Hay una inversión pública. La solución no es invadir.
¿Y (los precios de las casas) son accesibles en relación a lo que han pagado los habitantes de las invasiones?
Hay gente que paga $ 50 mensuales, hubo alguien que canceló $ 124.000 por un terreno de una manzana. Esa no es gente pobre.
Moradores de Monte Sinaí dicen que prefieren vivir en ese lugar porque los terrenos son grandes y se ajustan a sus necesidades. ¿Considera que la oferta habitacional debe adecuarse a los requerimientos de esa población?
Como Estado debemos respetar las normas de convivencia mínimas de desarrollo social de todo. Y en un sistema capitalista, como el que vivimos, compras en función de lo que puedas. Yo quisiera tener una casa más grande, pero no puedo. Ellos compran en sitios donde el Estado subsidia… Es verdad, los planes habitacionales deben realizar estudios culturales, de desarrollo urbano, pero hay que ir a las lógicas del urbanismo moderno. Los proyectos tienen que ver con una lógica vertical.
¿Por qué no se dejó a toda la gente en Monte Sinaí y se construyó una gran ciudadela?
Habría menos drama. Pero si no impones una política de organización resulta que esa ciudadela hubiera sido invadida por otros.
¿Llevarán los servicios a los asentamientos consolidados?
La propuesta es trabajar con los municipios sobre regularizar y estandarizar una política social en esos sectores. La AME es clave dentro del comité y vamos a hacer lo que sea en beneficio de la gente.
¿Cuándo será eso?
De parte del Gobierno Central, inmediatamente, una vez que nosotros tengamos listas nuestras fases, los estudios y proyectos. Ahora el Miduvi articula su propuesta de lotes con servicio.
¿En Monte Sinaí construirán programas habitacionales o los habitantes podrán edificar donde ya están sus terrenos?
Creo que puede ser una figura mixta, una propuesta que el comité tiene que analizar y decidir. Estamos a las puertas de tomar una decisión…
