A fin de julio se realizará una última evaluación del Yasuní

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julio 2, 2013

La Hora

La evaluación de la iniciativa Yasuní ITT, emprendida por el Gobierno, inició ayer en el despacho presidencial, a puerta cerrada.

Tras la reunión, el presidente, Rafael Correa, calificó como «pobres» las cifras que le presentó la encargadad el proyecto, Ivonne Baki y dio como plazo hasta finales de este mes para una nueva evaluación, en medio de la expectativa de saber si habrá explotación petrolera en la reserva.

Durante su última sabatina, Correa anunció que ayer se iba a conocer si la iniciativa iba a continuar o se daba paso a la «explotación responsable» de los campos petroleros.

Hasta ahora, se ha recaudado, con compromisos, 330 millones de dólares desde 2011 en el fideicomiso internacional, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Baki dijo que mantener el petróleo bajo tierra «sigue siendo el ‘plan A'».

La respuesta de expertos y ambientalistas, en relación a la iniciativa que busca que la comunidad internacional contribuya con alrededor de 3.600 millones de dólares para no extraer 800 millones de barriles de crudo, es reestructurar el proyecto, cambiar a quienes están liderando o desaparecerla para dar paso a la explotación de los tres campos, de los cuales uno (Ishpingo) está dentro del Parque y dos (Tambococha y Tiputini) están fuera.

‘Suspender sería costosísimo’

° Después de que durante cinco años el país ha expuesto internacionalmente su propuesta de conservar el petróleo bajo tierra, eliminar la iniciativa sería una «vergüenza» para el país, según la directora de Acción Ecológica, Esperanza Martínez. «Extraer el petróleo sería dramático, sería perder muchas de las cosas que hemos ganado en cuestión de respeto y dignidad internacional».

Esto, porque «se supone que hay un compromiso, y hay que mantener la iniciativa», haciendo las reformas necesarias para que funcione, añadió. Desde su óptica, ha existido una contradicción en el proyecto porque se ha insistido en la conservación, pero se está explotando el petróleo y afectando pueblos indígenas.

Para Martínez, existe un error estratégico del Gobierno, no por falta de respaldo internacional, que asegura existe, sino por la forma de recaudación de los fondos y por la cabeza del proyecto, Ivonne Baki.

Proyecto nació muerto’

° La vía que debería tomar el Gobierno, de acuerdo con el experto petrolero Augusto Tandazo, es desechar la iniciativa. Para él, fue mal concebida desde el inicio y comenzar con la explotación petrolera de los campos, imitando a Perú, que en la zona colindante está extrayendo crudo responsablemente sin afectar a las comunidades.

El experto asegura que la iniciativa no se analizó si sería aceptada o no por la comunidad internacional y en los mercados de carbono. Concluye que el país está sujeto a la «caridad internacional» con una «recaudación que no supera los ocho millones de dólares».

«El país necesita ser una unidad energética, por lo que no se puede desentender de lo que está ocurriendo en Perú», indicó. Tandazo asegura que «el proyecto no tiene sentido» y que, el denominado ‘Plan B’, estaba estipulado desde que se aprobó el proyecto, el 30 de marzo de 2007.

No ha sido transparente’

° Uno de los problemas que Inés Manzano, abogada especializada en derechos ambientales y excandidata a la Vicepresidencia por SUMA, identifica en la iniciativa es que «no se ha transparentado la contabilidad de los aportes, porque tampoco se han entregado certificados a los donantes».

«Desde que está vigente se ha visto que no había adeptos», señaló. Otra de las falencias ha sido «la falta de visión» por cómo cambiaron las reglas de juego cuando se puso una nueva comisión negociadora. Manzano cree que quien encabeza el proyecto no debería estar allí porque «no tiene pleno conocimiento del cambio climático y los mercados de carbono».

Considera que es necesario reestructurar la iniciativa y considerar la transacción de bienes y servicios ambientales en mercados de carbono, debido a que la situación económica actual no es adecuada para que los países donen dinero.

También plantea que, de no dar resultado, se debería explotar los campos que están fuera de la zona del Parque Nacional de manera responsable y que se haga un proyecto de lo que está dentro, para obtener recursos de la conservación.

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