San Pablo de Amalí teme perder el agua

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mayo 6, 2013

El Comercio

A Manuela Pacheco la incertidumbre y la ansiedad la consumen. Teme que en cualquier momento la Policía llegue a capturarla en San Pablo de Amalí, un caserío enclavado en el cantón Chillanes, en Bolívar. Desde fines del año pasado, Pacheco está acusada en el Juzgado Quinto de lo Penal de «sabotaje y terrorismo», por su participación en las protestas contra la construcción de la central hidroeléctrica San José de Tambo, concesionada a la empresa Hidrotambo S.A.

«No soy terrorista, soy campesina… los domingos vendo naranja, mandarina… en el mercado de La Merced, en Chane», expresa esta recia campesina, de 43 años. De su cuello cuelga un rosario. Desde el segundo piso de su vivienda, levantada con bloques de cemento se divisa la pequeña plazoleta de San Pablo, donde viven unas 250 personas. La mayoría se dedica a la agricultura, especialmente a la siembra de guineo, cacao, café, naranjilla, que crecen con facilidad en esta zona, a 284 metros sobre el nivel del mar.La cuenca, que tiene una extensión de 39 500 hectáreas, es bañada por las aguas del río Dulcepamba, que baja desde los 3 000 metros, alimentando por pequeñas vertientes por un encañonado, que desemboca en la provincia de Los Ríos, a 9 kilómetros de distancia.

«Este río es padre y madre para la comunidad. Si no tenemos para carne cogemos la atarraya y vamos a pescar; hay 14 variedades de peces: especialmente sabaleta, dama, preñadilla y guajuco. Por eso, nuestra lucha es por el agua, que es cada vez más escasa y solo podrá ser usada por Hidrotambo, cuando la hidroeléctrica empiece a operar», comenta Manuel Trujillo, de 48 años, quien también es acusado de sabotaje y terrorismo en Chillanes.

Pacheco y Trujillo encabezan desde el 2005 las protestas en San Pablo de Amalí, una de las 72 comunidades, donde viven unos 40 000 habitantes, en el área de influencia directa del proyecto. Desde esa época, los campesinos protestan contra la obra, que fue suspendida, por decisión oficial, entre el 2008 y marzo del 2012.

Su construcción se reinició luego de que el Gobierno firmara un nuevo contrato, cambiando algunas de sus condiciones -según se aseguró oficialmente- para que una parte de la energía cubra las demandas de los campesinos.

Hidrotambo firmó el contrato el 8 de marzo con el Consejo Nacional de Electrificación, Conelec.

Entre las cláusulas se establece el inicio de las obras a partir del 1 de junio del 2012, y para el 1 de julio de este año está previsto el arranque de las pruebas de equipo electromecánico que se complementarán con su operación en octubre. También se establece que la empresa es «propietaria absoluta de la energía que produzca la futura central de generación (de 7,5 megawatios)» e implica la venta de todo el recurso al Sistema Nacional Interconectado.

El proyecto, entonces, es privado y fue concesionado por 50 años. No obstante, el directorio Conelec expidió, el 14 de abril del 2011, una resolución que fija entre 23 y 40 años el plazo de concesión a proyectos de este tipo (ente 5MW y 10 MW), según un informe elaborado por David Reyes, de Acción Ecológica.

A fines del año pasado (12 de noviembre), el juez Tercero ordenó la prisión de Pacheco y Trujillo, que permanecieron en la clandestinidad cerca de un mes hasta que el fallo fue revocado por la presión y resistencia de la comunidad. No es la primera vez que son buscados por la justicia. En junio del 2008, junto a decenas de campesinos, recibieron una amnistía de la Asamblea Constituyente por los procesos iniciados a pedido de las autoridades locales. En más de una ocasión la obra ha sido tomada simbólicamente y generó la intervención de militares y policías que enfrentaron a los comuneros, según denunció la Comisión Ecuménica de DD.HH. que por años realiza un seguimiento del caso.

Junto a Manuela está su esposo, Segundo Villacís, de 57 años. En el 2007 recibió el impacto de un perdigón de goma en su ojo de derecho detonado por un militar, en uno de los choques con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que entonces ejecutaba la obra. Por la herida se le desprendió la retina y perdió la visión.

Los años siguientes una enfermedad acabó con uno de sus riñones y tuvo afectaciones a la vejiga. Hoy usa un catéter y una funda plástica para mantener sus funciones renales. «Mi marido ya no puede trabajar; una vez al mes viajamos a Quito para que lo atiendan en el hospital Carlos Andrade Marín. Yo mantengo mi casa, pero si perdemos el agua también se acabará nuestra fuente de trabajo, la agricultura».

Es miércoles 24 de abril. Son cerca de las cuatro de la tarde. El canto de un gallo se confunde con los ladridos de dos perros, que salen al encuentro de los forasteros. Unos 20 campesinos, hombres, mujeres y niños, se agrupan a un costado de la plaza. Quieren dar su testimonio, contar «el calvario» que viven cuando «revientan» las piedras por las explosiones de la dinamita. Temen que el proyecto no solo les robe la calma sino las represalias de la Policía y de los jueces. Al menos eso sostienen Blanca Quinatoa, Lucila Estrella, Carlos Paredes, Maritza Miño, Carmen Guanulema…

En la zona aún no existe ningún desplazamiento. No obstante, los lugareños denuncian los «atropellos de Hidrotambo» con el ingreso de maquinaria pesada a sus propiedades para trazar trochas e instalar tubería, en junio pasado. «No he vendido mi finca, pero entraron con máquinas a la fuerza. Capturaron a mis hijos Cristóbal y Rocío que reclamaron y los llevaron esposados ilegalmente a Guaranda. Estuvieron 24 horas detenidos sin orden de un juez», sostiene Fermín Galeas, de 73 años.

En la plaza hay una cancha de voley, donde un grupo de muchachos juega un partido. Los jóvenes parecen indiferentes al problema que denuncian sus vecinos. Uno de ellos -que pide no ser identificado- comenta que el proyecto puede ser bueno para el progreso de la región. La semana pasada, en una cadena del Gobierno, que defiende las bondades de la obra, se incluyó el testimonio de Wilfrido Villamar, oriundo de este poblado, quien afirmaba que los enfrentamientos solo ocurrieron hasta el 2006. «Hoy es diferente, todos estamos trabajando». Los obreros de Hidrotambo trabajan al otro lado del río, frente al poblado.

Este Diario no pudo acceder al lugar para recoger sus versiones. En las oficinas de la empresa en Quito pidió una entrevista con su gerente, Eduardo Speck Andrade, pero no obtuvo respuesta. En septiembre pasado dragaron y desviaron el afluente que pasaba unos 250 metros del poblado; hoy corre a unos 40 metros de distancia. «Esta es mi propiedad», dice Manuel Trujillo- mientras muestra las aguas que ahora pasan más cerca de su predio. «Si hay una crecida, el río se llevara mi casa y mis sembríos».

En febrero pasado, Trujillo y Pacheco fueron llamados a juicio. «Pedimos la nulidad que es revisada por la Corte Superior».

El Gobierno defiende obra

Para el Gobierno, la construcción de la hidroeléctrica en San Pablo de Amalí generará beneficios para toda la región y permitirá obtener energía limpia, como parte de un plan global de generación energética. Según Francisco Vergara, director del Conelec, las condiciones del proyecto cambiaron desde el año pasado. «Toda la energía que produzca el proyecto será entregada para cubrir parte de la demanda de la gente (de la zona), no como antes que era solo para algunas industrias», sostuvo Vergara en una cadena nacional de radio y televisión, difundida por la Secretaría de Comunicación.

Lo más importante -agregó- es que al final del contrato la concesión pasará a poder del estado de manera gratuita. Estas condiciones han sido socializadas e informadas a toda la comunidad de manera detallada. Están en contra unos tres opositores que quieren hacer creer que es toda la comunidad».

La lucha por el recurso

Aunque las obras que requerirá la hidroeléctrica (unas diez hectáreas de construcción) no causarán mayores daños al ambiente, el acceso al agua, cuando empiece su operación, sí complicará la vida de los campesinos. Eso sostiene David Reyes, quien ha realizado estudios sobre el impacto ambiental y social del proyecto. «El agua del Dulcepamba será utilizada completamente para cubrir la demanda de la central, así está concebido el proyecto, no podrá ser empleada por los campesinos para sus diferentes necesidades. El acceso de las comunidades al recurso, concesionado a una empresa privada, es el problema medular en este y otros casos, en varias provincias».

Por eso, Acción Ecológica, Cedhu, CDES, Fian-Ecuador, Inredh, Red Tierra, entre otras organizaciones, proponen que se realice una revisión y auditoría de todas las concesiones de agua.

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