El Hoy
Los azuayos fueron detenidos el 4 de mayo de 2010 durante protestas por la Ley de Aguas
El líder campesino Carlos Pérez Guartambel acudirá mañana a las 10:00 al Primer Tribunal de Garantías Penales del Azuay para que le entreguen la boleta de encarcelación. Pérez, junto a Efraín Arpi y Federico Guzmán, tienen que ir a la cárcel para cumplir la sentencia de ocho días impuesta por la interrupción de servicios públicos.
El jueves 14 de marzo, los implicados fueron notificados con la providencia en la que se establece que tienen un plazo de ocho días para comparecer a cumplir la pena. El plazo para que los sentenciados se presenten ante las autoridades termina mañana. De no hacerlo entraría a regir una orden de captura en su contra y se ejecutaría la fianza carcelaria de $3 000 que depositaron para evitar estar en prisión mientras duraba el juicio.
«Estamos dispuestos a cumplir la pena. No hemos cometido ningún acto delictivo, tampoco nos hemos ensuciado las manos con dinero sucio. Si por defender el agua hay que darle gusto al Gobierno que así sea», indicó Pérez.
El proceso inició el 4 de mayo de 2010 cuando Pérez y las otras dos personas fueron detenidas durante protestas en contra de la Ley de Aguas que se desarrollaban en Azuay.
Inicialmente, la Fiscalía les acusó de terrorismo y sabotaje. Finalmente, los jueces de la Primera Sala de lo Penal les sentenciaron por interrupción de servicios públicos a una pena de un año de prisión correccional y a la cancelación de $44 por daños y perjuicios causados a los bienes del Estado.
Pero los jueces consideraron como atenuante que se trata de personas «que no constituyen peligro para la sociedad y que las motivaciones para su conducta fueron de carácter altruista y social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria del Portete en defensa del agua, que temen sea contaminada por la actividad minera», por lo que les impusieron la pena de ocho días de prisión.
Los acusados utilizaron el recurso de casación para pedir la nulidad de la sentencia judicial, pero con voto de mayoría de los jueces Paúl Iñiguez y Wilson Merino, integrantes de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, se desechó la casación y se condenó a prisión a los líderes indígenas. Existió un voto salvado del juez Jorge Blum, quien declaró la nulidad del proceso.
Hace 15 días, los acusados, a través de sus abogados, presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Nacional; sin embargo, eso no impide que se ejecute la sentencia. Pérez dice que agotarán todas las instancias nacionales y luego acudirán a organismos internacionales para solicitar que se corrija la sentencia. Él dice que se violentó el debido proceso, pues fueron sentenciados por un delito del cual no fueron acusados.
Se trataría del primer caso en la jurisprudencia penal del país en que líderes indígenas son condenados por el delito de obstaculización de vías públicas. «Es la partida de defunción del derecho a la resistencia que consta en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador y es la partida de nacimiento de la criminalización de la protesta social», afirma Pérez, quien considera que al cumplir esta condena se crea un precedente judicial que afectará a quienes quieran hacer protestas sociales, pues podrían tener sentencias similares a las que tuvieron los tres azuayos.
En 2010 cuando los tres dirigentes fueron detenidos, permanecieron en prisión tres días, por ello esperan completar la sentencia en cinco días.
El dirigente indígena dice que recibió varias propuestas de organizaciones de derechos humanos para gestionar asilo político en otro país, pero dice que sería una traición a los compañeros, por ello se presentarán mañana para cumplir la sentencia.
Hoy a las 09:30, varias organizaciones indígenas acompañarán a la cárcel a los tres sentenciados. Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter para el acto de solidaridad: «Basta de persecución a indígenas». (XPA)
