Hoy
Veedurías ciudadanas ejercerán control. Esta medida se da cuando llegan las quejas por la afectación a 6 440 hectáreas de cultivos de arroz y maíz. La compra de urea se hará con una tarjeta.
Hoy, con las 6 440 hectáreas de cultivos de maíz y arroz afectadas por el invierno hasta el momento, el Gobierno decidió poner atención al campo.
Lo primero que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) puso en su agenda fue canalizar mejor la entrega de urea subsidiada. En la tarea, según Carlos Vélez, coordinador de la zona 5, esta vez participará la ciudadanía. Será a través de la conformación de una veeduría que se encargará de vigilar el proceso de importación y distribución del fertilizante.
La Veeduría Ciudadana fue solicitada por Pedro Fernández Torres, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Agropecuarias, que reúne a 176 organizaciones, y fue aprobada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los entes creados ejercerán su control en las zonas agrícolas de Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena. Esta misma medida se adoptó en 2011. Sin embargo, para Héctor Villota, arrocero de la zona de Daule, no existieron buenos resultados.
«La urea no llegó como esperaba el agricultor», resumió Villota.
Norma Aguilera, de Los Ríos, confirma que es necesario que se habiliten más agencias de entrega, ya que muchos de los agricultores están alejados de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y eso representa un doble gasto por concepto de transportación.
No obstante, Carlos Vélez informó que serán 500 mil los agricultores que podrán adquirir la urea. Y que para lograr un mejor proceso, se hará a través de una tarjeta prepago del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Con la tarjeta, el agricultor se acercará a cualquier ventanilla del Banco Nacional de Fomento a realizar el pago del valor total de la urea. Así se registrará la adquisición en la tarjeta y luego, de eso, podrá dirigirse a cualquier local de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) para retirar el fertilizante.
En 2012, los planes productivos del agro representaron una inversión cercana a los $15 millones en Guayas, y además se entregaron 5 604 hectáreas, dentro del Plan Tierras, que incluye terrenos improductivos que fueron incautados a los dueños de la banca cerrada. El año pasado se importaron 130 mil toneladas de urea y comenzó una campaña de dotación de semillas certificadas para 60 mil hectáreas de maíz y 10 mil de arroz en la etapa invernal.
Años atrás, agricultores denunciaron que la urea era captada por intermediarios que luego la vendían a un precio superior a los campesinos.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ya tiene registros de la cantidad de tierra afectada por el invierno.
El ministro Javier Ponce confirmó que en Guayas las hectáreas afectadas son 3 871; en Manabí, 2 514; Los Ríos, 200; y El Oro, 55. El ministro Ponce anunció que la ayuda al agro debe comenzar con una evaluación general de las pérdidas, que se podrá dar una vez que bajen las aguas. Luego de eso se darán kits de semillas, en combo con fertilizantes y abonos, para unas 20 mil hectáreas
En cuestión de productos, los sembríos de arroz, especialmente de Daule y Santa Lucía, suman
3 863 has. «Esto se da todos los años y la ayuda siempre llega tarde», dijo Ramón Villa de la zona de Palestina. Lo más preocupante para él, y también para la la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), es que se pretende fijar un precio para el arroz Javier Chon, presidente del gremio, solicitó la semana pasada que el arroz sea eliminado de la lista de 46 productos agroalimentarios que serán regulados. (NMCH)
El seguro no es aprovechado
Solo el 2% de los 330 mil agricultores de los 10 principales productores del país están amparados por la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa).
Ello pese a que el programa de seguro es promovido desde 2010 y el 60% del valor de la prima es asumido por el Estado.
Y la causa principal para que el campesino no asegure su sembrío se da por desconocimiento, confirmó Héctor Villota.
Hasta la fecha solo 18 345 campesinos contrataron el servicio. Ello, en extensión de tierras, significan 92 631 hectáreas. La mayoría ubicadas en Guayas, Manabí, Los Ríos y Loja.
