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Cuatro años y cinco meses han transcurrido desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi y la denominada Ley del Agua aún no ha sido aprobada, incumpliéndose el plazo asignado. Mientras que organizaciones sociales aún esperan que se concreten algunos de los mandatos constitucionales relacionados con la redistribución equitativa de la tierra.
Sobre la Ley del Agua se reactivó el proceso de consulta prelegislativa luego de que fue suspendido hace cinco meses. Desde el martes pasado, cada una de las 1.607 organizaciones sociales inscritas para la consulta iniciaron la discusión. Tienen plazo hasta el 1 de abril próximo para entregar sus informes.
En cambio, la Ley de Tierras y Territorios ni siquiera posee un informe para primer debate aprobado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, encargada de tramitarla.
La Constitución, que entró en vigencia en octubre del 2008, es concreta en estos dos temas. Según la primera disposición transitoria, el órgano legislativo tenía 360 días para aprobar la Ley Orgánica que regule los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Ley del Agua), contados a partir de la vigencia de la Carta Magna. Este plazo expiró en octubre del 2009.
Mientras que el art. 282 de la Carta Política determina: «El Estado normará el uso y acceso a la tierra». Aunque no se establecieron plazos.
Ambas leyes no han sido aprobadas, pese a que la redistribución equitativa de la tierra y el acceso al agua aparecen como prioridades en los planes de gobierno del movimiento oficialista PAIS, que se ha mantenido en el poder durante los últimos seis años. Incluso, el plan de PAIS para el periodo 2013-2017 incluye lo que se denomina como Revolución Agraria.
Romelio Gualán, presidente del Consejo Sectorial Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), asegura que las disputas y la falta de voluntad política han llevado a que estas dos leyes, así como otras como la de semillas o la de comunas, queden relegadas.
En el 2009, dos propuestas de ley para regular los recursos hídricos fueron aprobadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La primera fue enviada por la Presidencia de la República y la segunda por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Luego, en noviembre del 2009, el pleno aprobó el primer informe realizado por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Seis meses después, esta Comisión, liderada por Irina Cabezas, presenta un nuevo informe de mayoría con el apoyo de cinco legisladores de PAIS y uno de Madera de Guerrero. Dos informes de minoría también se presentaron. Uno de ellos fue elaborado por el aliado socialista de PAIS, Pedro de la Cruz.
Entre los temas álgidos está el sistema de administración del agua, la autoridad única del recurso y sus atribuciones.
El segundo debate de la Ley del Agua se realiza, pero la votación es suspendida por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, debido a la falta de reglamentación para la consulta prelegislativa ordenada por la Corte Constitucional, en marzo del 2010, para leyes que afecten derechos colectivos.
En diciembre del 2011, la Asamblea aprueba los procedimientos para esta consulta dentro de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Pero cuatro meses después, el presidente Rafael Correa veta totalmente el proyecto.
Gerónimo Yantalema (Pachakutik), miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, sostiene que para el oficialismo el tema de aguas y tierras solo se ha quedado como prioridad en el discurso. Dice que han primado los cálculos políticos por época de campaña. «La tierra y el agua son temas complicados que pueden quitar votos a cualquiera. Por eso no lo trataron antes de las elecciones del 2013».
De la Cruz afirma que los intereses de la oposición por administrar la tierra y el agua han estancado el debate.
Cordero reconoce las demoras, pero niega que estas se deban a cálculos políticos. Prefiere, al menos en lo que respecta a la Ley de Tierras, calificarlas como «dificultades de funcionamiento» en las comisiones.
Tras el veto presidencial, el 13 de junio del 2012 el CAL aprobó el instructivo para la consulta prelegislativa. Tres meses después, Cordero convocó a la inscripción de organizaciones, proceso que terminó el 8 de octubre pasado con la calificación de 1.607 agrupaciones indígenas, montubias y afroecuatorianas.
Cordero dijo a inicios de febrero pasado que la Ley del Agua se aprobaría en este periodo legislativo. Pero a inicios de este mes reconoció que en el tiempo que le queda a esta Asamblea solo se llegarían a tener los resultados de la consulta prelegislativa y que el marco jurídico será abordado en el próximo Legislativo con mayoría absoluta de PAIS.
Los mismos retrasos ha sufrido la denominada Ley de Tierras y Territorios. Recién el 20 de marzo del 2012 la Red Agraria, como iniciativa ciudadana con el respaldo de 46 mil firmas, entrega un proyecto de ley al respecto. Seguidamente llegan al CAL otras cuatro propuestas, por lo que se decide unificar los textos teniendo como base el planteamiento de la Red.
Pero la Comisión de Soberanía Alimentaria, al respecto de la Ley de Tierras, incumplió todos los plazos legales establecidos: el de 45 días para la entrega del informe para primer debate, sobrepasó los mismos 20 días que pidió Cabezas para analizar el tema e incluso no se han respetado los 180 días que da la Ley de Participación Ciudadana para que se tramite una iniciativa ciudadana. «Están atrasados, se los debería multar si no entregan pronto el informe para primer debate», indica Cordero.
Fuentes de PAIS dicen que encontrar consensos se ha complicado incluso en el interior del movimiento oficialista, lo que dificultaría los acuerdos en el próximo periodo legislativo.
Cordero rechaza esa posibilidad. Argumenta que se evitará que los miembros de PAIS presenten proyectos particulares y se procurará que los planteamientos sean de bancada y se ciñan a la línea política de la llamada Revolución Ciudadana.
Entre las razones para el retraso de la Ley de Tierras está la falta de pronunciamiento del Ejecutivo sobre temas medulares, como el fondo de tierras, el cobro de impuestos, límites a la tenencia de la tierra y la creación de una nueva institucionalidad. Según el art. 135 de la Constitución, la creación de impuestos o la modificación de la división político administrativa del país es potestad del presidente de la República.
Gualán, quien también es miembro de la Red Agraria, menciona que las organizaciones sociales están a la espera de que el Magap envíe un proyecto de ley sobre el tema.
Mientras que Patricio Santi, vicepresidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), dice que el proyecto entregado por la Red Agraria fue elaborado con el aporte de más de 800 organizaciones sociales.
La Copisa es un organismo creado dentro de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del 2009 para elaborar propuestas en el tema de tierras, agrodiversidad, semillas, ente otros.
Gualán y Santi coinciden en que con la mayoría absoluta conseguida por PAIS se terminaron las excusas para no aprobar estas leyes. «Ahora sí verificaremos ese discurso revolucionario. En este tipo de leyes es cuando los desacuerdos surgen y aquí queremos ver verdaderamente quiénes son los revolucionarios», asegura Gualán.
- Fuente:http://unvrso.ec/0004U11
