El Comercio
Cuatro parámetros manejará el Gobierno para la implementación del Decreto Ejecutivo 1438. El documento, emitido el pasado 22 de febrero, establece una política de precios referenciales para 46 productos agroalimenticios. Eso implicará que el Ministerio de Agricultura levante información en los mercados mayoristas del país, considerando los precios promedio de los últimos tres meses. Carol Chehab, subsecretaria de Comercialización de la Cartera de Estado, explicó que el Ministerio empezará a recopilar la información de un grupo de productos, lo cual se está definiendo. La funcionaria también indicó que no habrá precios de referencia a escala nacional. La idea del Gobierno es presentar información diferenciada por mercado (zona).
«Puede ser de Riobamba, de Guayaquil, etc. Se tomarán en cuenta los principales mercados porque no es posible hacer un control de cada uno. En cada producto se tomará en cuenta el mercado representativo y en función de eso se irá trabajando para definir los costos referenciales… recalcó, no es fijación de precios». Pero esto no convence a sectores como la Cámara de Industrias y Producción (CIP). Este gremio cree que ante el control por parte de las intendencias, los costos dejarán de ser referenciales y pasarán a ser fijos. De incumplirse habrá multas para los comercializadores. Ahora, el control oficial podría comenzar una vez que se haya definido y socializado la metodología para la aplicación del decreto, lo cual estaría a finales de la próxima semana. En esto se encuentran trabajando los ministerios de Agricultura y de Industrias, que ya cuentan con información histórica de varios productos agrícolas.
Como parte de la metodología se establecerá que el valor referencial de un determinado producto no será único sino que habrá rangos. Esto debido a que los costos no son los mismos en la diferentes ciudades y en las diferentes épocas del año. De ahí que un cuarto parámetro que se tomará en cuenta para determinar los precios referenciales será la estacionalidad. Esto responde a las dudas de la CIP, entidad que afirmó, en un comunicado, que los productos dentro del listado presentan una alta volatilidad y que este fenómeno puede responder a factores como el clima o la cosecha. Los empresarios creen que el decreto no tiene un sustento técnico que justifique la supuesta especulación que se genera en los precios de los 46 productos. El Gobierno, sin embargo, sostiene que la especulación se produce cuando hay una amplia diferencia entre el precio que se paga al productor y el que se cobra al usuario en los mercados mayoristas, la cual no responde al comportamiento histórico.
Fanny Puruncajas, vendedora de legumbres del mercado Iñaquito, señaló ayer que a ellos les llegan los precios caros. Y eso no significa que abusen del consumidor. «No queremos el control policial. No somos delincuentes», dijo. Detalles de la medida Desde la Cámara de Comercio (CCQ) se indicó que una medida de este tipo da a entender que pudiera haber problemas de inflación, cosa que el Gobierno ha rechazado permanentemente. El Ministerio de Agricultura mantendrá, más adelante, reuniones con las intendencias y los comerciantes para revisar junto a ellos la metodología de aplicación de precios referenciales de los productos agroalimenticios. El control se realizará solo en mercados mayoristas. Ello debido a que son distribuidores del producto a otros centros de expendio más pequeños e incluso a tiendas y supermercados. Hoy, el Ministerio de la Producción dará rueda de prensa.