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La sentencia contra el líder campesino azuayo Carlos Pérez Guartambel, enjuiciado por su lucha de oposición a la minería y de defensa de las fuentes de agua de su provincia, se ejecutorió el viernes pasado, cinco meses después de haber sido dictada.
Pérez tendrá que presentarse esta semana ante la Corte de Justicia de Cuenca para cumplir su pena de 8 días de cárcel por el delito de » interrupción de servicio público» .
«He recibido la propuesta de varias organizaciones sociales de que firme una petición de asilo político -dijo Pérez a este diario-, pero para mí no tiene sentido salir del país. Tengo que presentarme ante esta justicia que no tiene mucho de justicia. Si el presidente Correa está muy feliz de mandarme a la cárcel, que se cumpla su felicidad» .
Pérez, doctor en jurisprudencia con un masterado en Derecho Penal y diploma en gestión de cuencas ambientales, es autor del libro » ¿Agua u oro?» , donde explica en términos científicos los riesgos de desarrollar la minería en el humedal de Quimsacocha, una de las fuentes de agua potable para la ciudad de Cuenca.
Había sido sentenciado a un año de prisión por encabezar una manifestación antiminera durante la cual se bloqueó una carretera. Asumió su propia defensa y apeló. El 14 de agosto, un tribunal de segunda instancia ratificó lo actuado por la corte provincial pero, considerando como atenuante el hecho de la defensa del agua es un propósito noble, rebajó su pena a ocho días de cárcel.
Pérez ve aproximarse el fin del derecho a la resistencia garantizado en la Constitución: » no importa si son ocho días u ocho minutos -explica-. Lo grave de este caso es el precedente que queda sentado en la historia penal ecuatoriana. Ahora que existe esta sentencia ejecutoriada, la lucha popular ya no va a ser una atenuante sino un agravante que merecerá el máximo de la pena» .
Los jueces que condenaron a Carlos Pérez han sido cuestionados por distintas razones. Paúl íñiguez fue, antes de postularse para juez, candidato de Alianza País para la alcaldía de Gualaceo, en las elecciones internas de ese movimiento. Wilson Merino es uno de los jueces que obtuvo bajos puntajes en las pruebas escritas y de méritos del concurso, pero calificó tras obtener más de 9 puntos en la prueba oral, en un procedimiento que ha sido calificado de sospechoso por los veedores.
El tribunal de segunda instancia se completó con Jorge Blum, que se alejó de la sentencia y redactó un informe de minoría opuesto a ella. (RA)
