HOY
La justificación, las nuevas concesiones mineras en el país. El planteamiento permitiría que Cotopaxi y Chimborazo reciban recursos por la facturación de las centrales de Paute y Agoyán. Mantiene los beneficios de otras cuatro provincias.
Una nueva propuesta de ley fue presentada la semana pasada en la Asamblea Nacional. La misma, sugiere que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tengan una ley que regule su participación en las rentas que se generen por la explotación o industrialización de los recursos no renovables.
Esto, según su proponente, el asambleísta de Sociedad Patriótica, Paco Fierro, sobre la base de las nuevas concesiones mineras otorgadas por el Gobierno central a empresas extranjeras.
El proyecto de ley, prevé que el Presupuesto General del Estado disponga de nuevas asignaciones para las provincias de Chimborazo y Cotopaxi por la venta de energía.
Así, en el caso de Chimborazo, una asignación sería el equivalente al 2% de la facturación de las ventas de la Central Hidro eléctrica de Paute.
Además, la provincia percibiría otro 2%, proveniente de la facturación de la Central Hidroeléctrica de Agoyán.
De la venta de energía de esta misma central se destinaría una asignación del 1% para Cotopaxi. La justificación de Fierro para la creación de estas asignaciones, así como sus destinatarios es porque dichas centrales se nutren de los recursos hídricos de las dos provincias, mencionando los ríos Cutuchi en Cotopaxi y Chambo y Blanco en Chimborazo, así como las vertientes que nacen del Parque Nacional Sangay y confluyen en los ríos Paute y Mazar.
Por otro lado, la propuesta sugiere que las provincias en donde se exploten o industrialicen recursos renovables y no renovables tengan un beneficio automático del 7% de las rentas que generen dichas actividades a partir de su ingreso al Estado.
Esto, bajo el amparo del artículo 274 de la Carta Magna que trata sobre el derecho de los GAD a participar de las rentas que se generen en sus territorios por las actividades antes mencionadas.
Tal porcentaje se distribuiría en un 3% que iría a manos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, un 2% para entregarlos a los municipales y el 2% restante sería destinado para las juntas parroquiales.
Asimismo, la utilización de los fondos entregados a los GAD también se regularía en la propuesta disponiendo que, en el caso de los provinciales, estos Gobiernos coordinen con sus similares la ejecución de obras en las cuencas y microcuencas.
También deberán planificar, construir y mantener sistemas de riego y realizar gestiones ambientales provinciales.
Para los GAD municipales, el uso de las nuevas rentas se direccionaría a la planificación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura física para salud y educación, así como su equipamiento. Otro uso de los fondos sería para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural de la jurisdicción, así como la creación de espacios para esos fines y la gestión de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. En el caso de las juntas parroquiales, los réditos servirán para planificar, construir y mantener las estructura física y el equipamiento de los espacios públicos de la parroquia, así como el incentivo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente.
El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para pasar al análisis en una de las comisiones y buscar el apoyo en el Pleno. (ABT)
Las asignaciones que continúan
En aplicación de la transitoria vigésimoctava de la Constitución, dentro del proyecto de ley se mantienen las asignaciones existentes en las leyes 010 y 047.
Con ello, se mantiene en fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que se incrementará con ingresos provenientes del impuesto de $1 por cada barril de petróleo extraído de la Amazonía.
Los valores generados por el impuesto se depositarán mensualmente en la cuenta del fondo existente en el BCE, mismo que transferirá los recursos en los primeros 10 días de cada país.
La repartición se deberá hacer en los siguientes porcentajes: 58% a los municipios amazónicos, 28% a los consejos provinciales, 9% al fondo regional amazónico y 5% para la creación del fondo regional amazónico.
Además se mantienen las asignaciones a favor de las provincias de Morona Santiago, Azuay, Cañar y Tungurahua, que equivalen al 5% de la facturación de la venta de energía del Conelec
