EL TELÉGRAFO
“De los 100 barcos, unos 50 van a tener cupos para otras clases de pesca. Se les va a dar financiamiento de $ 200 mil y $ 300 mil, y otro grupo si ya no quiere dedicarse a otra actividad pesquera, el Estado les dará una compensación por sus barcos que son bastante viejos. Estamos buscando todas las alternativas posibles para minimizar el impacto de una actividad lícita, pero ambientalmente indeseable por su impacto”, afirmó el Jefe de Estado.
Reconoció que inmediatamente un barco no puede transformarse para ejercer otra actividad, ya que es un proceso que toma entre 2 y 3 meses, por aquello se extendió el plazo para su eliminación.
“Con o sin prohibición el 15 de diciembre paraba la pesca de arrastre por dos meses por el período de veda que le tocaba aplicar a la flota. La decisión que se ha tomado es extender el plazo hasta el 15 de diciembre, para que coincida con la veda y así minimizar el costo de oportunidad ya que de todas formas iban a tener que pararse”, dijo.
Además, manifestó que se esperan incluir alternativas de trabajo con otras carteras de Estado para otorgarles líneas de crédito a las embarcaciones, para que se dediquen a actividades comerciales y turísticas.
Respecto a la flota pomadera de Posorja, parroquia rural de Guayaquil, señaló que debido a que su impacto ambiental es menor que el de los langostineros, seguirá operando en el país con nuevas normas que el mismo gremio propuso (delimitar la zona de pesca y aumentar el período de veda). Alrededor de 10.000 personas de la parroquia viven de la pesca y comercialización del recurso marino.
