«El modelo económico está sentado en las grandes empresas y no en la pequeña producción»: Floresmilo Simbaña (PARTE I)

La entrevista realizada a Floresmilo Simbaña, Dirigente de Organización y Política de la CONAIE, es la tercera de una serie de entrevistas con las que queremos seguir en la discusión agraria desde las voces de los principales actores en propuestas de ley de Tierras y dirigentes sociales en espacios donde el debate ha tenido importantes y valiosos aportes.

OCARU: ¿Cuál ha sido el proceso de discusión alrededor de la Ley de Tierras en Ecuador?

Floresmilo Simbaña: El tema agrario se debate hace tiempo, el proceso de reforma agraria, de la lucha por la tierra viene de los años 60 y 70, y ha sido una lucha permanente pero que ha tenido variaciones.

En los años noventa, el tema agrario se desplazó, de forma general, hacia el campo productivo; es decir, cómo producir de maneras distintas, con modelos distintos, ya sea a nivel de organización como de mercado.

Es a partir del año 2000, al calor de las luchas contra el TLC, cuando el tema de la tenencia de la tierra vuelve al primer plano del debate de la política del país, pero también de las organizaciones; sobre todo, en la recuperación de tierras en algunos casos, y en otras, de territorios que en la época neoliberal fueron privatizados.

Posteriormente, en el 2007 y desde del gobierno actual, uno de los discursos era promover una reforma agraria o revolución agraria, tal y como lo llamaban; pero, finalmente, termina discutiéndose sólo la Ley de Tierras que empiezan a debatir formalmente desde hace un año; es un proceso más o menos permanente de debate por la tierra con distintos pesos de acuerdo a la coyuntura.

OCARU: ¿Cuáles son los puntos positivos y los nudos críticos que rescatas de la propuesta de Ley de la Comisión de Soberanía Alimentaria?

Floresmilo Simbaña: Como puntos positivos está el hecho de haber presentado la Ley de Tierras. Esto es positivo porque permite abordar de manera directa el tema de la tierra. También podemos decir que es un punto positivo, en términos generales, discutir qué modelo de tenencia y de agricultura queremos. Para el gobierno, la tenencia de la tierra está primado por la eficiencia en la producción, no tanto por el tamaño sino por el grado de productividad de la tierra. El otro tema fundamental, pero que no se debate mucho, aunque la ley hace bastante énfasis en ello, es la industrialización agraria. En la propuesta de ley que ha presentado el gobierno, la industrialización depende de la gran empresa, con capitales de inversión nacionales en principio; pero que abrirá campo a la inversión extranjera en un proceso de industrialización de la pequeña producción, donde se pondría en discusión el carácter mismo sobre qué tipo de industrialización estamos hablando.

Los nudos críticos de la ley, en términos conceptuales, abren un gran discurso en torno a la redistribución de la tierra; pero, en términos concretos, el proyecto de ley convierte en inviables los mecanismos para repartir tierras del Estado. Según informes oficiales, el Estado tiene tierras con vocación agrícola solo correspondientes al 1%. Entonces, ¿qué se va a repartir? Lo otro que se dice es que sí vamos a afectar a la propiedad privada, pero a la propiedad privada que no está eficientemente ocupada. En principio estaría bien pero se dice «vamos a dar un plazo para que las tierras que no estén cultivadas y que no se cultiven en ese plazo ahí sí serán afectadas». Pero solo el hecho del anuncio de este asunto en la ley no ha provocado que la gente empiece a cultivar, sino que la gente ha empezado a vender la tierra. En lugar de incentivar la agricultura lo que se ha incentivado es un mercado de tierra. El principal punto negativo de la ley es que promete algo que no va a cumplir, no va a realizar un proceso de redistribución de la tierra. Otro de los puntos bastante conflictivo para CONAIE  es el vacío inmenso respecto del régimen de propiedad comunal, tanto de la propiedad de la tierra, como de la producción y del mercado; en ese sentido, la ley tiene un capítulo que no hace más que repetir lo que ya está en la Constitución pero no va más allá, no dice nada respecto de la propiedad comunal de la tierra, ni de las formas comunales de producción agraria y del mercado, mucho menos.

OCARU: Nos dicen que los enfoques de la ley son mejorar la producción y la productividad, ¿cómo se mejora la producción y la productividad si no se puede extender la frontera agrícola?

Floresmilo Simbaña: Ésa es una de los críticas que hacemos a la ley. El gobierno dice que mediante esta ley va a abrir un proceso de estimulación financiera a la actividad agraria; tal línea de crédito está dirigida a elevar la productividad y a la transformación de valor agregado a lo producido; pues así, en términos generales, sin mayores mediaciones a quienes va a beneficiar es a los grandes empresarios que es lo que ha estado pasando en estos ocho años de gobierno. Habrá algunos casos particulares de los cuales el gobierno sobredimensiona a nivel de publicidad, pero el modelo económico como tal está sentado en las grandes empresas y no en la pequeña producción; y muchos menos en la producción comunitaria.

OCARU: ¿Crees posible, tal como dice la ley, una convivencia armónica entre la propuesta de soberanía alimentaria, de agroexportación y cambio de matriz productiva?

Floresmilo Simbaña: Depende de qué tipo de productos y de mercados quieras abordar. Si vamos a exportar productos para biocombustibles no es compatible con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no solo hace énfasis en la producción para el consumo interno, sino en cómo se produce y cómo se consume. En ese sentido, si queremos ligar la agroexportación con la soberanía alimentaria entonces toca diseñar una producción y un mercado distinto que sea coherente; pero el gobierno está pensando en exportar para agrocombustibles y eso no es compatible.

OCARU, junio de 2015

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