EL UNIVERSO
La prohibición de concentrar la propiedad de la tierra y el establecimiento de límites en cuanto a su tenencia, pero ligados a la productividad, son dos de los ejes que presentan los proyectos de Ley Tierra que fueron entregados en la Asamblea Nacional.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto calificar esta semana las propuestas del colectivo Red Agraria, que agrupa a varias organizaciones sociales afines el régimen; del asambleísta Ramiro Terán (MPD) y varios sectores campesinos; del legislador Marco Murillo (Alianza Libertad) y la Federación de Indígenas Evangélicos; del asambleísta Fernando Cáceres (AP) y grupos agropecuarios; y del legislador Jaime Abril (AP).
Entre estos planteamientos de ley hay distintas visiones sobre la definición de los márgenes de la propiedad de tierra.
El texto de la Red Agraria establece un tope de 500 hectáreas (ha) para la tenencia individual en la región Costa, 200 ha para la Sierra y 500 ha para la Amazonía.
La legisladora Silvia Salgado (PSE), una de las impulsoras de este documento, sostiene que la realidad nacional evidencia que el 80% de este bien está concentrado en manos privadas.
Argumenta, por ende, que para llevar adelante una verdadera redistribución primero es necesario legalizar los predios de las comunidades, conocer el uso del suelo, así como cuántas hectáreas son productivas y cuántas no lo son.
La legisladora Salgado asegura que para que exista una real democratización en esta materia es indispensable poner un límite a la propiedad.
Ramiro Terán (MPD) también plantea márgenes específicos, pero en el sector rural y según la región del país.
Sugiere 100 ha para la Sierra, 200 ha para el Litoral y 300 para el Oriente.
A su juicio, el espíritu de esta norma debe ser que la posea quien la trabaje, para lo cual no puede permitirse la acumulación de extensas áreas abandonadas en pocas manos.
El proyecto de la Feine y del asambleísta Murillo prohíbe la concentración de la propiedad en superficies mayores a 250 hectáreas en la Sierra, 500 hectáreas en la Costa y 750 hectáreas en la Amazonía, y también prevé sanciones para quien supere estos límites.
Murillo remarca que el acceso a la tierra debe ser democratizado en relación con el nivel de productividad. “Hay que poner un límite razonable, pero los terrenos que estén sobre los márgenes definidos habría que analizar con prioridad si son productivos o no. Pero los que están abandonados, y cuando hay gente que no tiene acceso a la tierra, el Estado tiene que intervenir”, argumenta él.
Para los legisladores oficialistas, en tanto, no es conveniente establecer superficies específicas para la tenencia.
El proyecto de Fernando Cáceres, por ejemplo, establece que no cabe calificar de concentración, cuando el terreno está totalmente cultivado y en producción. Sugiere hacerlo cuando no cumpla esta disposición legal.
El documento que él impulsa contempla que en estos casos la autoridad otorgará hasta dos años de plazo para que el propietario acate la norma, caso contrario será sancionado.
Cáceres sostiene que no es adecuado establecer topes en la propiedad porque eso propiciaría la división del campo, lo cual no abonaría a la productividad que es lo que se quiere.
Su coideario Jaime Abril opina lo mismo y agrega que no es lo mismo definir márgenes en suelos de la Sierra o en la Costa, y que si hay que establecerlos, debe hacerlo la autoridad competente con sus equipos técnicos y no una propuesta de ley.
El oficialista añade que, en el marco del respeto a la propiedad privada, el primer paso para este proceso de redistribución es incentivar a los grandes y pequeños agricultores a producir y generar réditos del recurso que posean.
Sostiene que la norma debe contemplar un plazo de uno o dos años para cumplir con este objetivo, caso contrario establecer sanciones.
Procedimiento interno
La Comisión de Soberanía Alimentaria será la encargada de tramitar los cinco proyectos. Su presidenta, Irina Cabezas (AP), anunció días atrás que se organizaría un taller.
Consulta prelegislativa
Uno de los puntos que deberá definir la comisión es si se requiere una consulta prelegislativa para la aprobación de la ley. Hay organizaciones que quieren que sí se aplique esto,
Tiempos
El plazo para iniciar el debate es de seis meses, según lo que se establece para los temas de iniciativa popular
