Debate de Ley de Tierras llevará a discutir la plurinacionalidad

BLANCO Y NEGRO, hace algunas semanas, presentó un reportaje al respecto.
Hoy, Manuel Chiriboga, experto en el tema rural del Ecuador, da sus puntos de vista.
¿Cómo mira usted el proceso alrededor de la Ley de Tierras, presentado por iniciativa ciudadana, que establece extensiones de tierra diferentes y según la región?

En las demandas por la redistribución de tierras hay dos conceptos que están mezclados. Uno es la demanda por tierra en el sentido más tradicional y que, me parece, tiene una base social relativamente limitada. Yo no veo al momento ese tipo de reforma agraria, de acceso a parcelas de tierra, por la creciente urbanización de la población y la falta de dinamismo de la economía rural. Si no cambian esos factores, la tierra deja de ser atractiva para mucha de la población rural.

¿Cuál es el segundo concepto?

La demanda por territorio. Esta tiene una base social mucho más precisa y tiene que ver con las demandas de los pueblos indígenas, en el sentido de constituir una territorialidad que se relaciona con su identidad, historia, cosmovisión, etc. No necesariamente es una redistribución de tierra en el sentido económico, como podría ser la primera, sino en sentido identitario.

¿Y eso pasa en las propuestas que se han dado?

En muchas de las propuestas de ley me da la impresión de que tratan responder al criterio económico, pero se olviden que la más importante es la de territorialidad.

En cuanto la medición de la tierra, ¿qué opina?

El criterio tradicional que se ha manejado, con base en el primer concepto, es una superficie capaz de sostener a una familia, así como dar una producción suficiente para la sociedad. El problema es que la discusión se hace en términos estrictamente físicos. Es bastante más 1 hectárea en la zona de influencia de un canal de riego que 50 100 hectáreas en una zona de páramo con pluviosidad irregular. Por eso es que los países han dejado de utilizar el criterio físico de tierra, para la distribución. En Chile se usa la unidad básica de irrigación, es decir se transforma la tierra en lo equivalente a una hectárea en zona plana con irrigación, viendo la capacidad de generación económica se compara con otros lugares. En Brasil es de unidades fiscales, que es la capacidad de generar cierto valor por la actividad económica. Esta homogenización en el país no existe, así que me parece que decir 600 800 hectáreas no tiene base. No se puede limitar a comunidades en tierras de páramos, me parece una locura.

Lo fundamental es que el Ministerio de Agricultura termine el inventario de las capacidades económicas de la tierra antes de pensar o dar tal límite.

El proyecto que se debatiría tiene como punto de conflicto justamente ese. ¿Cómo destrabarlo o lograr que la reforma sea efectiva, tomando en cuenta los criterios que explicó?

Yo digo que en esta discusión, desde el punto de vista de bienestar rural, si se asigna X cantidad de tierra, no me atrevería a decir si es suficiente, demasiado o demasiado poco.

Me parece que, en este momento, de ausencia de información, el tema fundamental debería ser poner en marcha las instituciones que establece la Constitución, como el Fondo Nacional de Tierra. Es un tema que yo veo que las leyes no recogen. Y en este Fondo se implica a financiamiento, negociación, etc. Eso respondería de inmediato a las demandas de tierra que existe con base al primer sentido (acceso tradicional a la tierra).

Lo otro es otra discusión, y me da la impresión que ninguna de las propuestas que circulan responden al tema, lo cual tiene que ver con una clarificación mayor de qué es lo que nosotros entendemos por Estado plurinacional.

Desde los indígenas, la visión es clara respecto a la territorialidad. La duda es el resto de la sociedad

Es lo que digo. Ahí hay una demanda, veo actores, veo que es algo que viene desde hace años. En el otro tema, por ejemplo, la edad promedio de un jefe de familia rural es de 58 años, es decir que la mayor parte de jóvenes sale del campo, no le interesa. Eso me lleva a pensar que el tema central del país, desde el punto de vista económico, es cómo generar condiciones para que la agricultura familiar, campesina, tenga mayor dinamismo económico, mayores ingresos, que la economía rural se diversifique. Ahí yo creo que se puede cambiar la mentalidad preponderante de lo rural.

Hay una propuesta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) de expropiar hasta 2,5 millones de hectáreas para la redistribución. ¿De dónde van a sacar la tierra?

Me da la impresión que son números que se lanzan. Yo he hecho un análisis cantón por cantón y puedo afirmar que en ninguna parte de la Sierra centro y hacia el sur hay tierra para distribuir. Eso está en manos de campesinos, de comunidades, en producción. El último estudio de la FAO determina que la tierra está en manos del 41% de la gente que la produce. Es alto. Pero creo que no hay el incentivo adecuado, las políticas estatales de apoyo para que cumplan con lo que tiene que ser su contribución. Eso es lo que debe cambiar, el acceso al crédito, la tecnología. El debate está en otro lado. Sí, en la política que queremos hacer y en la definición del Estado plurinacional.

¿Esa propuesta de ofrecer los 2,5 millones de tierras es clientelar?

El negocio clientelar de la tierra es el peor que se puede hacer, porque esos grupos no son cohesionados y en menos de una generación terminan deshaciéndose de la tierra, y esa tierra vuelve a concentrarse. En las 11 mil hectáreas que ha entregado el Gobierno muy pocas están con incentivos adecuados para poder producir. Hay que darse un baño de sinceridad, esto requiere criterios técnicos y objetivos para ver que es lo que mejor responde a la sociedad rural y a la sociedad en su conjunto. Y hacer un manejo clientelar sería un atentado contra la soberanía alimentaria.