Aquí no estamos administrando un sistema, estamos cambiando un sistema. Todos deben tener esta visión política. El que no esté comprometido sí debe ser separado de su cargo”. Esa fue la respuesta del Jefe de Estado al ser consultado por la prensa durante el recorrido de los avances de la central ECU911 en Quito. Sin embargo, el Presidente no precisó sí dará paso o no al pedido del gobernador Arcos, quien acusa a 22 funcionarios de alto nivel de la provincia amazónica de no haber participado en la marcha oficialista “en defensa” de la democracia. El 22 de marzo, una marcha de las organizaciones y grupos sociales amazónicas llegó a Quito para protestar contra la política minera del Gobierno. El Régimen tachó de “desestabilizadora” esa manifestación de los grupos sociales. Por ello organizó una “contramarcha” en Quito para evitar la presunta conspiración. En esa movilización oficialista participaron funcionarios y empleados del Estado.
