EL UNIVERSO
Desde el oficialismo se aceleran los procesos para retomar en la Asamblea el debate de la Ley de Aguas e iniciar el trámite de la Ley de Tierras y Territorios. A un día del anunciado arribo a Quito de la Marcha por la Vida, Alianza PAIS (AP) quiere enviar mensajes sobre su interés en tratar esos dos temas.
La Comisión de Soberanía Alimentaria empezará hoy los debates del reglamento de aplicación de la consulta prelegislativa, para recoger los criterios de los pueblos indígena, afro, montubio, legalmente constituidos, sobre normas que afecten los derechos colectivos.
Según el proyecto borrador que presentará la presidenta de la comisión, Irina Cabezas (AP), a los demás integrantes de la mesa, este proceso no será vinculante. Se contempla la organización de una audiencia provincial para socializar los resultados y una mesa de diálogo nacional, como paso previo a la entrega final de resultados. Así se busca destrabar el trámite de la Ley de Aguas.
Cabezas dijo que el objetivo de la consulta es incluir la mayoría de los consensos dentro de esta norma. Advirtió que las preguntas que elaborará se enfocarán en los temas que más preocupan a los sectores involucrados. Podrían ser la privatización del agua, orden de prelación en su uso, el consumo, el riego y otros. E invitó a las organizaciones sociales a que participen en ese debate.
Para Gerónimo Yantalema (PK) la decisión de impulsar de nuevo esa ley está ligada a la presión social por las protestas contra el régimen. Afirmó que la consulta prelegislativa debe servir para subsanar los nudos críticos del proyecto, como la autoridad única del agua, la creación del consejo plurinacional, la desprivatización.
Mientras que la Red Agraria, que agrupa a organizaciones afines al régimen, entregó el proyecto de Ley de Tierras, con el respaldo de 41 mil firmas. Participaron la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, y el secretario de Planificación, Fander Falconí.
En el texto se ponen límites a la propiedad: que nadie tenga más de 500 hectáreas sin justificar su función social y ambiental; se crea el Fondo de Tierras para que el Estado adquiera terrenos y venda a los campesinos en un precio social.
