EXPRESO
Las organizaciones indígenas y campesinas afines al Gobierno entregan hoy el proyecto de Ley de Tierras. El objetivo no es responder, según dicen, a la protesta de la oposición. Sin embargo, algunos de los asistentes al evento de hoy permanecerán en Quito para participar en la movilización que el oficialismo alista para el jueves.
Desde las 09:00, en los bajos del Ministerio de Agricultura, al norte de Quito, la Red Agraria pretende reunir a unas 3.500 personas. Se trata de los miembros de cuatro organizaciones: la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC), la Corporación de Montubios del Litoral, y la Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinas.
Luis Andrango, presidente de la Fenocin, informó que la marcha saldrá desde allí hacia el Consejo Nacional Electoral. Los participantes entregarán el proyecto de Ley de Tierras con 50.000 firmas de respaldo. Luego, irán a la Asamblea. Se prevé que Fernando Cordero, titular del organismo; e Irina Cabezas, presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, reciban el documento.
El proyecto tiene 99 artículos, 11 disposiciones transitorias y una derogatoria. En sus aspectos principales contempla los usos de la tierra, la fragmentación, la prohibición del latifundio, la expropiación y la redistribución de tierras.
El proyecto plantea, por ejemplo, la creación del Ministerio de Soberanía Alimentaria que tendrá la rectoría en materia de propiedad de la tierra.
Para evitar la concentración y el acaparamiento de tierras, se propone establecer el límite máximo de tenencia para la propiedad individual según la región geográfica. Así, en la Costa y en la Amazonía sería de 500 hectáreas y en la Sierra de 200 hectáreas. Y, para las personas extranjeras, se fija un límite de 100 hectáreas a escala nacional. Cualquier propiedad que supere esos límites será considerada latifundio y sus propietarios deberán deshacerse del excedente. Además, el proyecto contempla la figura de expropiación que permitirá al Estado declarar un predio de interés social «en casos de altos niveles de pobreza, o alto nivel de emigración o altas tasas de densidad demográfica».
La Red Agraria elaboró este proyecto junto a la Conferencia de Soberanía Alimentaria, organismo adscrito al Ejecutivo. Sin embargo, esto no garantiza que el presidente Rafael Correa no presente otra propuesta sobre el mismo tema. Así lo dice el asambleísta Pedro de la Cruz. Hay entre el Gobierno y estas organizaciones fuertes temas de disenso. El legislador cita dos ejemplos: en el Ejecutivo no están convencidos de que haya límites para establecer el latifundio ni tampoco comparten la creación del Ministerio de Soberanía Alimentaria.
Aún así hay optimismo. Romelio Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, dice estar confiado en que el oficialismo tendrá apertura durante el trámite de la ley. Y agrega que, en el evento de hoy, también se pedirá reactivar el proyecto de Ley de Agua. Fernando Cordero ya adelantó que así será. Dijo que para mayo se realizará la consulta prelegislativa sobre ese tema.
Por esto, coinciden Gualán y de la Cruz, las organizaciones sociales mantienen su respaldo al Gobierno. Ambos dijeron que, tras el evento de hoy, muchos asistentes se quedarán en Quito «por la vigilia de la democracia». La Fenocin no se suma. Según su presidente, Luis Andrango, este momento «no es de oposición ni de sumisión». Su gremio, dice, considera vital el tema del agua y de la tierra y por ello lo toma con prudencia.
